Andres Alvarez Molina
Commercial Manager
Andres Alvarez Molina
Commercial Manager
Cuando se trata de analizar un marco temporal tan amplio como tres décadas de consultoría, la primera tentación es elaborar un resumen o, en el mejor de los casos, seleccionar los hitos más relevantes de esta industria en el contexto de los contratos dirigidos a clientes públicos: recursos legítimos para abordar un periodo extenso y rico en acontecimientos, en un sector que, sin duda, ha crecido de la mano de la profundización de la apertura económica de los años noventa y de la expedición de la Ley 80 de 1993, dos acontecimientos que forjaron el fortalecimiento de las empresas de consultoría en el país.
Sin embargo, después de varias reflexiones y buscando evitar a toda costa la opción del simple resumen, preferí abordar una pregunta diferente: ¿cuánto ha evolucionado realmente el sector de la consultoría y es hoy su propuesta de valor más —o menos— relevante que en el pasado
El gran engaño
En la búsqueda de respuestas, me resultó inevitable recordar una publicación cuya tesis central, paradójicamente, sostiene que durante las últimas tres décadas las empresas de consultoría, en especial las más grandes, han destruido valor al debilitar las capacidades institucionales del sector público, particularmente como consecuencia de su resistencia a implementar procesos de transferencia de conocimiento.
En su libro El gran engaño, las economistas Mariana Mazzucato y Rosie Collington formulan una crítica contundente a la industria de la consultoría, a la que acusan de debilitar las capacidades técnicas de los funcionarios públicos al no transferir ni incorporar de manera efectiva el conocimiento y el aprendizaje acumulados en los proyectos de origen público. Asimismo, cuestionan que las consultoras subordinen, en ocasiones, el impacto y la calidad de los contratos a sus propios intereses de rentabilidad.
Ahora bien, podría parecer paradójico que, al abordar la evolución de la consultoría en Colombia durante los últimos treinta años, recuerde precisamente una obra que cuestiona la industria desde sus fundamentos. Sin embargo, esta perspectiva me resulta particularmente pertinente. Si la pregunta es si durante este periodo la consultoría ha sumado o restado valor al país, no basta con contabilizar el número de contratos celebrados, los recursos ejecutados o el crecimiento del sector. Es necesario preguntarse qué capacidades ha contribuido a construir, qué conocimiento ha dejado instalado en las instituciones, qué problemas ha ayudado efectivamente a resolver y, en última instancia, qué valor económico y social ha generado más allá de los honorarios percibidos por las firmas consultoras.
Transferencia de conocimiento
En particular, el caso colombiano presenta una suerte de simbiosis en la generación y transferencia de conocimiento a través de la ejecución de contratos de consultoría, en la medida en que estos no solo han permitido al Estado acceder a capacidades técnicas y tecnológicas que difícilmente podría desarrollar de manera inmediata con sus recursos internos, sino que también han constituido espacios de aprendizaje y acumulación de capacidades para las propias firmas consultoras. Esto resulta especialmente evidente en los sectores de tecnología e infraestructura.
En los contratos de diseño e implementación de sistemas de información o de desarrollo de software tipo fábrica, entre otros, la consultoría ha permitido poner en marcha y adaptar herramientas tecnológicas para la gestión, seguimiento y toma de decisiones. Una dinámica similar se observa en el sector de infraestructura, particularmente con la incorporación de tecnologías de punta como Building Information Modeling (BIM), que transformó progresivamente la manera de estructurar, modelar, coordinar y gestionar proyectos de infraestructura, no solamente en materia de edificaciones, sino también en las industrias férrea, vial y aeroportuaria.
Al respecto, en los contratos de estructuración integral de los proyectos viales de Cuarta Generación (4G) convocados por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, la adopción de estas metodologías exigió incorporar nuevas capacidades digitales y técnicas, tanto en las entidades contratantes como en las firmas responsables de las estructuraciones.
Sistemas de calidad, control e interventoría de proyectos
La evolución de la consultoría en Colombia también ha tenido un impacto significativo en la consolidación de sistemas de calidad, control y seguimiento de la gestión contractual. La Ley 80 de 1993 incorporó la interventoría como un mecanismo especializado de control, particularmente en los contratos de obra, y reconoció dentro de la consultoría actividades relacionadas con la coordinación, el control y la supervisión.
Sobre esta base, la contratación de firmas especializadas permitió a las entidades públicas desarrollar, y entender de manera conjunta, distintas metodologías, protocolos, indicadores de calidad, lo mismo que sistemas de seguimiento que elevaron los estándares técnicos y de calidad de los proyectos. Así las cosas, la consultoría no solo participó en la ejecución de los proyectos, sino también en la construcción de mecanismos para verificar que estos fueran ejecutados conforme a las condiciones técnicas, financieras y contractuales pactadas.
Modernización y digitalización de la gestión contractual
No quisiera dejar de lado un aspecto que también refleja el ejercicio colaborativo entre consultoría y sector público, y es el relativo a la digitalización de la gestión pública. En efecto, la incorporación del SECOP I y posteriormente el SECOP II, con los desafíos que ha implicado su uso tanto para agentes públicos como privados, permitió mejorar la trazabilidad de las decisiones, centralizar información, facilitar el seguimiento de los procesos y ampliar las condiciones de transparencia y acceso a la información. Sin duda, la gestión online de los procesos del ciclo integral del contrato representó un gran cambio frente al mecanismo tradicional basado exclusivamente en documentos y trámites físicos. Para quienes trabajamos día a día en esta plataforma, la reducción del uso de papel y de formatos físicos transformó radicalmente nuestra manera de trabajar, y estoy seguro de que tuvo un efecto igualmente significativo en la labor de los funcionarios públicos.
¿Se ha generado valor?
Después de revisar sutilmente esta evolución, mi conclusión es que la consultoría en Colombia no es un gran engaño. Es, más bien, una fuerza colaborativa que ha acompañado la transformación del Estado y del sector productivo durante las últimas décadas. Ha crecido enfrentando grandes desafíos, aprendiendo de sus propios errores y, sin duda, con imperfecciones que deben ser reconocidas y corregidas.
Resalto que lo más destacable ha sido la comunión que se ha construido entre la consultoría y las entidades públicas de prácticamente todos los sectores. Una relación que, aunque no siempre ha sido sencilla ni perfecta, ha permitido combinar el conocimiento especializado de las firmas con la experiencia, las necesidades y los propósitos del Estado.
Por eso, más que preguntarme si la consultoría ha sustituido al Estado, creo que debemos preguntarnos cómo hacer que esa colaboración genere cada vez más valor público. Y mi respuesta, después de estos treinta años, es que, con todos sus desafíos, la consultoría en Colombia ha sido y sigue siendo una fuerza relevante para generarlo.
